sábado, 23 de octubre de 2010

Radical con las pensiones

Es urgente participar en el debate de las pensiones porque los esfuerzos de propaganda que despliegan los medios financieros para dar un nuevo bocado a los dineros de las pensiones son abrumadores.

Se pone en cuestión que podamos mantener el “sistema de bienestar” que nos dimos en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Aquello en realidad fue un “pacto social” en el que los trabajadores consiguieron que se aceptara la expansión de los derechos laborales y sociales, incluyendo sus sistemas de protección social. Derribado el muro de Berlín, y en plena ofensiva neoliberal, el mundo empresarial consiguió que se comenzaran a aplicar otra serie de políticas públicas, con su expresión más clara en el Presidente Reagan en EEUU y la Sra. Thatcher en la Gran Bretaña,

Inicialmente se propuso directamente la privatización de los sistemas públicos de reparto y su sustitución por otros de capitalización. Así se hizo en las primeras experiencias que se dieron en dictaduras como la chilena de Pinochet, con resultados que luego veremos

Hoy han buscado un camino más lento, que esperan más seguro, y que consiste en sustituir progresivamente el sistema de pensiones públicas por otro privado. Para ello, se trata de aplicar reformas que vayan reduciendo el peso de las prestaciones públicas. Se propone la modificación de los sistemas de cálculo, aumentando la edad de jubilación; los años necesarios para acceder a las prestaciones y/o los años tenidos en cuenta para calcular el montante de las pensiones.

Todo ello se complementa con un generoso apoyo fiscal a los planes de pensiones privados que alcanza un 4% del total de la recaudación del IRPF, desgravaciones que benefician casi exclusivamente a las rentas más altas que son las que pueden invertir cantidades elevadas en fondos de ahorro.

A la vez que se hacen supuestos estudios serios, normalmente pagados por las instituciones financieras, en los que se introduce miedo en la sociedad sobre la sostenibilidad del sistema público. Así, se comenzaron a difundir tesis catastrofistas afirmando que sería imposible financiarlo, que entraría en una crisis inevitable.

Pero las predicciones son interesadas. Y después de haber conseguido con cada campaña fuertes incrementos en el peso de los sistemas privados, lo cierto fue que al finalizar el año 2000 la Seguridad Social no registró el déficit que habían profetizado, sino un superávit del 0,4%, y del 1,1% en 2005. De entonces acá se han mantenido los superavit y los incrementos del fondo de garantía. Un saldo positivo que incluso se mantuvo en plena crisis de empleo como 2008, cuando registró de nuevo un superávit del 1,31% del PIB.

Se nos dice que este país no soportará el incremento del gasto en pensiones a largo plazo. Pero debemos hacer algo de historia.

Hace 50 años, España dedicaba a las pensiones un 3% del PIB. Hoy es un 8%. Más del doble, y la sociedad ha crecido sin sufrir ese esfuerzo. Ya en esa época había voces liberales que decían que en cincuenta años se doblaría o triplicaría tal porcentaje, arruinando el país.

Hoy nos dicen que el porcentaje del PIB en pensiones subirá de un 8,4% en el año 2007 a un 15,1% del PIB en el año 2060, lo que no soportará la sociedad (cantidad ya hoy similar a la que tienen sociedades desarrolladas).

En este argumento se ignora el impacto del crecimiento de la productividad sobre el PIB hasta el año 2060. Supongamos que un crecimiento anual de la productividad es del 1,5%, que incluso el Banco de España admite como razonable. En este caso, el valor del PIB español en el 2060 se habrá multiplicado 2,23 veces, lo que determina que habrá más recursos para los no pensionistas y para las pensiones.

Es necesario saber de donde partimos. Nuestro esfuerzo en pensiones es comparativamente bajo.

España tiene un PIB per cápita que es el 92,7% del PIB per cápita promedio de la UE-15. Sin embargo, su gasto social per cápita es sólo el 62%. La pensión media contributiva en España es sólo el 68% de la pensión media contributiva de la UE-15 y la pensión no contributiva es sólo el 46%.

Las contribuciones al sistema de pensiones son salario diferido, y para los empresarios son “costes laborales”. Y hay que saber que en España la participación de los salarios en la renta ha descendido en más de diez puntos porcentuales en los últimos treinta años. Quieren más.

Pero, ¿qué ventajas tiene la gestión privada?. Basta ver el desastre financiero que ha ocasionado la gestión de los bancos y fondos financieros en los últimos años. De marzo de 2008 a marzo de 2009 los fondos privados hayan tenido una rentabilidad media anual negativa del 6,37%. Ya en agosto de 2006, Bush dictó una ley para salvar a los fondos de ahorro privados de Estados Unidos que estaban materialmente quebrados, sufriendo pérdidas que la Oficina de Auditoría del Congreso estimó en 600.000 millones de dólares.

Además, el coste de gestionar un sistema privado es muy superior a los costes de administración de los sistemas públicos. Entre el 14% y el 22% en los países Sudamericanos que privatizaron las pensiones. En EEUU, por lo contrario, tal porcentaje en la Seguridad Social es sólo el 0.5% .EN ESPAÑA, EL 0,63%, de más de 93 mil millones de euros de prestaciones de la SS. ¿cuánto son los gastos y comisiones que cobra cualquier seguro privado?.

Pero se trata de una batalla de poder de gran trascendencia incluso para el futuro de la democracia, porque los recursos que mueve el sistema de pensiones públicas son enormes y el negocio financiero tradicional (de prestar sobre sus depósitos) se ha multiplicado con su exposición a líneas de negocio especulativas. Esto había convertido a la actividad financiera en algo cada vez más rentable. Para su enorme poder les falta la guinda de meter afilado cuchillo en las pensiones públicas.

Esos fondos privados han crecido exponencialmente en los últimos años y han tenido un papel crucial en el origen de la actual crisis financiera. Habría que imaginarse a fondos privados de nuestro país apostando (en busca de su beneficio) en maniobras especulativas contra la economía española.


ALTERNATIVAS

Pese a las explicaciones anteriores, es conveniente prever retoques.
Es cierto que aumenta la esperanza de vida. Quizá no tanto como analizan quienes usan el dato global, cuando lo ocurrido en España es que la mortalidad infantil ha ido disminuyendo de una manera muy marcada, con lo que la media de esperanza de vida ha aumentado, sin que eso signifique que el anciano viva cuatro años más ahora que hace veinticinco años.

La amenaza para nuestras pensiones y para la soberanía de los pueblos, es el aumento de los poderes financieros si se hacen con la joya de las pensiones públicas. Por tanto debemos orientar las propuestas en evitar dicha eventualidad.

Cualquier camino de reducción de prestaciones conlleva a que aumente el número de tentados por la complementación en ahorro privado.

Queda por tanto el camino de aumentar los ingresos.

Se habla de la posibilidad de incrementar la participación de los impuestos generales en asumir una parte de la carga en pensiones. En España habría margen, por cuanto la carga fiscal es una de las más bajas de la UE-15, lo que significa que su capacidad recaudatoria dista mucho de haberse agotado. Siendo además que en España el sistema impositivo no es tan progresivo y sufre un grado enorme de evasión fiscal y economía sumergida.

Pero siendo una propuesta correcta, no deja de estar sometida al avatar de gobiernos que reviertan esas decisiones con la excusa de cualquier crisis. Es una propuesta de difícil salida en el actual panorama de neoliberalismo que infecta incluso al PSOE..

Conjuntamente con lo anterior, y en último extremo, quedaría la conveniencia de aceptar un incremento, proporcional y con carácter progresivo, de las cuotas obreras. Sería de implantación en la medida en que el sistema de reparto vaya modificando, eventualmente, su viabilidad. No hay que escandalizarse.La pérdida de poder adquisitivo ya se produce hoy cuando una parte creciente de los trabajadores es forzado a un ahorro privado.
Cualquier cosa antes de aceptar una degradación del sistema público.